La nueva revolución industrial también ayuda a evitar incendios

En apenas unos días, el fuego arrasó más de 114.000 hectáreas en España. Los incendios de Ávila, Madrid y Toledo, por sí solos, suman una superficie equivalente a más de seis veces el término municipal de Barcelona.

Una negligencia, una imprudencia, una acción intencionada o un fenómeno natural explican cómo comienza un incendio. Sin embargo, esa explicación merece ser ampliada, porque también hay que comprender por qué esos fuegos son hoy más intensos, más agresivos y mucho más difíciles de controlar que hace apenas unas décadas.

El binomio cambio climático lo estamos escuchando constantemente, especialmente como advertencia: modifica las condiciones que favorecen la propagación del fuego –temperaturas más elevadas, olas de calor más frecuentes, vegetación más seca y temporadas de riesgo cada vez más largas–. Este es el drama y esta es la consecuencia.

¿La lucha está en perseguir a quienes provocan los incendios? Sin duda. Pero también está en la prevención, en la gestión pública, en la coordinación entre instituciones y en la responsabilidad política. De ello dependen la planificación de los dispositivos de extinción, la vigilancia forestal, la gestión del territorio y tantas decisiones que, por falta de previsión, absurdo negacionismo o la falsa sensación de que una tragedia así nunca llegará, se retrasan hasta que ya es demasiado tarde. También depende de la capacidad para reducir las causas que agravan estos fenómenos y de impulsar un modelo productivo que contribuya a proteger a un país que hoy es distinto y más vulnerable.

La sostenibilidad salva vidas y es hoy una política económica que debemos tomarnos en serio. Durante años, la transición ecológica se interpretó como un equilibrio entre crecimiento y protección del medio ambiente. Hoy ese planteamiento resulta insuficiente. La competitividad de las economías dependerá de su capacidad para producir con menos emisiones, consumir menos recursos y reducir su exposición a los riesgos derivados del cambio climático.

La política industrial ocupa, por tanto, un lugar central en esa transformación, y España fue uno de los primeros países europeos en elevar la transición ecológica al máximo nivel de coordinación política, primero con un ministerio en 2018 y después mediante una vicepresidencia a partir de 2020. Se reconocía así que el cambio climático afecta a la energía, al agua, a las infraestructuras, a la planificación territorial, a la movilidad y, de manera creciente, a la política industrial y a la competitividad. Por eso también fue clave la coordinación de la gestión pública con el Ministerio de Industria.

Conviene recordar que la misma visión quedó reflejada en España 2050, el ejercicio de prospectiva presentado por el Gobierno en 2021 que situó la sostenibilidad como un elemento transversal del modelo productivo. La innovación, la digitalización, la transición energética o la cohesión territorial aparecían conectadas entre sí porque tenían como objetivo mantener el crecimiento económico reduciendo la vulnerabilidad del país. Una estrategia que tiene un impacto directo en la salud y en la calidad de vida de las personas.

Cinco años después, España trata de convencer también a Europa. La Comisión Europea, a regañadientes, aceptó que la transición ecológica no es solo una estrategia de descarbonización. El Clean Industrial Deal reforzó la competitividad europea mediante una nueva política industrial basada en la innovación tecnológica, la electrificación, la eficiencia energética y el desarrollo de industrias limpias. Pero Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, nos advierte de que “Europa no está preparada para las consecuencias del cambio climático que estamos viendo ya”. Y no está preparada porque el Acuerdo de París ha quedado relegado a un segundo plano para el Ejecutivo comunitario. De poco sirve que sigamos sacando adelante PERTE si Europa no está unida y cede imprudentemente ante las políticas de EE UU, lo que nos mantiene en la dependencia energética.

Ahora bien, para esos pequeños pasos que vamos dando hacia delante se usó una palabra gris: reindustrialización. Un concepto posiblemente desacertado, porque el verdadero reto es ser capaces de liderar la nueva revolución industrial en la que ya estamos inmersos. Una nueva revolución en la que la inteligencia artificial, el hidrógeno renovable, los nuevos materiales, la economía circular o la digitalización de los procesos productivos definirán nuestros paisajes y el aire que respiramos, al mismo tiempo que la competitividad de las próximas décadas. Esa evolución también puede leerse en la tan deseada y esperada Ley de Industria y Autonomía Estratégica, aún en tramitación parlamentaria.

La industria representa alrededor del 15% del PIB español si se considera el conjunto de la actividad industrial. Su transformación lo condiciona todo. Una nueva revolución industrial, más eficiente energéticamente, reduce emisiones, disminuye costes, mejora la resiliencia frente a crisis energéticas y limita la dependencia exterior. Al mismo tiempo, contribuye a reducir algunos de los factores que agravan fenómenos como los grandes incendios a los que estamos haciendo frente estas semanas, las sequías o las olas de calor.

Las políticas de adaptación seguirán siendo claves. La ampliación de la Red Nacional de Refugios Climáticos, anunciada esta semana por el Gobierno, responde precisamente a la necesidad de proteger a la población frente a episodios extremos de calor y se enmarca en la propuesta de un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Resulta difícil entender que una estrategia orientada a proteger vidas, coordinar administraciones y reforzar la prevención no encuentre un espacio de consenso entre fuerzas políticas que hoy gobiernan territorios que, desgraciadamente, suman víctimas en esta emergencia año tras año.

Los incendios seguirán teniendo múltiples causas. La diferencia estará en la capacidad de reducir las condiciones que los convierten en catástrofes. Y la mejor estrategia para reducir los riesgos del futuro empieza cuando un país decide qué industria quiere liderar en una Europa que debe unirse sin comprometer el futuro de todos, cuando las administraciones alinean objetivos y asumen con claridad las responsabilidades que corresponden a cada nivel de gobierno, y cuando el sector público y el privado colaboran para impulsar un modelo de desarrollo capaz de proteger, al mismo tiempo, la economía, el territorio y la vida de las personas.