Tenemos la ley para nacer. Nos falta la ley para crecer

Cuando la Ley 28/2022 entró en vigor en enero de 2023, España hizo algo que pocos países europeos habían hecho hasta entonces: reconocer en el BOE que las empresas emergentes tienen una lógica propia y merecen un marco propio. Ese gesto importa más de lo que parece. Más de tres años después toca hacer balance. Uno honesto, sin halagos vacíos, pero también sin perder de vista lo que está en juego.

Lo que ya funciona

El avance más tangible está en la fiscalidad del equity. Antes de la ley, la exención de stock options para empleados era de 12.000 euros anuales, una cifra que hacía la herramienta prácticamente inútil para retener perfiles senior. La ley elevó ese límite a 50.000 euros y, más importante, difirió la tributación al momento en que las acciones se hacen líquidas. Antes, un empleado podía recibir participaciones de una empresa no cotizada y verse obligado a pagar impuestos por una ganancia que todavía no podía tocar. Era un mecanismo que desincentivaba exactamente lo que pretendía incentivar. Eso se ha corregido.

El régimen fiscal del carried interest también mejoró: los gestores de fondos tributan ahora por sus ganancias al 50% de la base imponible del IRPF, acercando el tratamiento español al de otros ecosistemas europeos. Para un país que durante años vio cómo sus mejores gestores miraban a Luxemburgo, no es un detalle menor.

Los datos del Spain Ecosystem Report 2026, elaborado por Dealroom en colaboración con K Fund, BBVA Spark, Endeavor y ENISA, entre otros, confirman la tendencia: en 2025 las start-ups españolas levantaron 3.100 millones de euros en venture capital, colocando a España como el octavo ecosistema tecnológico europeo por valor. El valor total del ecosistema supera los 125.000 millones de euros, 2,3 veces más que en 2020. El marco importa, y los números van en la dirección correcta.

Lo que se puede mejorar

Beneficiarse de la ley requiere la certificación de ENISA, un proceso que evalúa el carácter innovador y escalable del proyecto. Con más de 2.100 startups ya certificadas, el sistema funciona, pero sigue añadiendo fricción donde la ley prometía agilidad. La digitalización plena de los trámites es la siguiente reforma obvia. Y la definición temporal de start-up, cinco años como límite general y siete en biotech o energía, merece revisarse para sectores con ciclos de desarrollo más largos. Una empresa de deep tech no debería perder su cobertura precisamente cuando empieza a necesitarla de verdad.

La gran oportunidad: las ‘scale-ups’

Aquí está el argumento más importante de esta reflexión y, paradójicamente, el menos presente en el debate político. La Ley de Startups fue diseñada para el momento del nacimiento. La siguiente reforma debería diseñarse para el momento del crecimiento.

No es una preocupación exclusiva del ecosistema emprendedor. En un acto con motivo del 40.º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, resumió el reto con una frase que debería servir también de hoja de ruta para nuestro país: “Europa necesita escalar más y más rápido”.

Ese es precisamente el siguiente desafío de España. Y ese desafío vale mucho dinero. Las scale-ups españolas —empresas que han validado su modelo de negocio, crecen más del 20% anual y tienen vocación internacional— generan ya cerca de 9.800 millones de euros al año y emplean a más de 65.000 personas. Representan apenas el 0,7% del tejido empresarial español. El potencial de crecimiento es, por tanto, enorme.

El problema estructural es conocido por quienes trabajamos en este ecosistema: en el momento en que una start-up certificada por ENISA supera los cinco años o los diez millones de facturación, cae en la orfandad normativa. Pasa a tributar como cualquier gran empresa, a competir por talento sin las herramientas de equity que tenía en fases anteriores y a escalar sin instrumentos diseñados para su estadio. El 61% de las scale-ups españolas identifica los desafíos regulatorios como el principal freno a su crecimiento, según el informe Ecosistema Scale-up 2024 de EsTech y Deloitte. No es una queja. Es la señal de que hay demanda real de crecer más, y de que el marco puede convertirse en el catalizador que lo haga posible.

El Plan Nacional de Escalabilidad, impulsado por EsTech y Adigital con el respaldo de organizaciones como K Fund, SpainCap, BME, Endeavor y Wayra, lleva meses articulando propuestas concretas en cinco áreas: ampliar el impacto de la Ley de Startups a empresas en fase de crecimiento, diversificar las fuentes de financiación, atraer y retener talento, fortalecer el liderazgo español en Europa y construir una narrativa compartida sobre nuestros campeones tecnológicos.

Entre las medidas más directas: extender los beneficios de la certificación a empresas que hayan superado los plazos actuales, crear nuevos esquemas fiscales que incentiven el crecimiento en fases avanzadas e impulsar el acceso de estas empresas a los mercados de capitales españoles. SpainCap, que representa a más del 90% de las entidades de capital privado en España, ha subrayado que contar con un tejido de scale-ups robusto es esencial para la competitividad del país y que este plan es una guía clave para abordar los retos concretos con los que se encuentran estas empresas.

No son peticiones corporativas. Son instrumentos de política económica alineados con una prioridad que hoy comparten las principales instituciones europeas. Y tienen referentes concretos: el régimen EU Inc., la European Tech Champions Initiative del BEI y la Estrategia Startup y Scaleup de la Comisión Europea, publicada en mayo de 2025, que por primera vez trata el ciclo completo de la empresa tecnológica, del nacimiento a la consolidación, como una prioridad continental. España tiene la oportunidad de liderar esa conversación en Europa. Para eso necesita antes tenerla en casa.

La segunda mitad de la historia

Los datos marcan el camino con claridad. En 2025, las operaciones superiores a 50 millones de euros representaron solo el 4% de las rondas, pero concentraron el 44% del capital invertido, muy por debajo del peso que tienen en los principales ecosistemas europeos. No ha surgido ningún unicornio nuevo en el último año.

España crea empresas bien. El siguiente reto es escalarlas mejor, y para eso hace falta la segunda parte del marco.

La Ley de Startups fue el primer capítulo de una historia que merece continuación. España tiene el talento, tiene el ecosistema y tiene las empresas. Lo que necesita ahora es un marco que permita a esas empresas escalar más y más rápido sin dejar de hacerlo desde España.

En un momento en que la soberanía tecnológica ha dejado de ser un concepto académico para convertirse en una variable de competitividad nacional, esa conversación va mucho más allá del ecosistema emprendedor. Las scale-ups españolas no son solo empresas de alto crecimiento. Son parte de la respuesta a la pregunta de qué tipo de economía quiere ser España en los próximos veinte años.

El Plan Nacional de Escalabilidad debe aspirar a ser un pacto de Estado precisamente por eso: porque construir campeones tecnológicos desde aquí no es una agenda de sector. Es una agenda de país.