Sumar propone condicionar las ayudas para vivienda a que las comunidades apliquen la ley que limita los alquileres

Sumar ha arrancado este lunes la fase de negociación de Presupuestos con el PSOE con un gran acto en el que la vicepresidenta Yolanda Díaz ha situado la vivienda, los derechos sociales y la fiscalidad como ejes principales. El documento de 36 páginas elaborado por expertos de los cinco ministerios del grupo político recoge algunas propuestas novedosas, como condicionar las ayudas públicas a la vivienda destinadas a las comunidades autónomas a la aplicación de la ley para limitar los precios de alquiler, aprobada en la pasada legislatura y que los territorios gobernados por el PP han rechazado poner en marcha. Sumar propone, además, la prohibición temporal de la compra de pisos para especular en las llamadas zonas tensionadas, establecer el contrato indefinido como contrato por defecto para las viviendas en alquiler y acabar con los alquileres turísticos ilegales. Además, plantean un paquete fiscal que estiman que aportaría 27.000 millones de euros a las arcas públicas.

Durante su discurso, Díaz ha marcado como grandes “tareas pendientes” del país la “reducción de la desigualdad y la modernización”. “España necesita caminar y eso pasa por tomar medidas que mejoren la vida de las familias trabajadoras de nuestro país”, ha defendido la titular de Trabajo en un discurso en el que ha empujado a los socialistas a no tirar la toalla, pese a la dificultad que encontrarán las Cuentas en el trámite parlamentario. “España no puede ni debe estar a la defensiva. El pueblo de la coalición nos quiere transformando, caminando. España quiere más”, ha incidido.

El socio minoritario del Gobierno se ha esforzado por trasladar este mediodía una imagen de unidad. La titular de Trabajo se ha rodeado en la presentación en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid de sus cuatro ministros (Ernest Urtasun, Mónica García, Sira Rego y Pablo Bustinduy) y los partidos del grupo parlamentario para exhibir fuerza antes de encarar las conversaciones con los socialistas. Por parte de Sumar, son el ministro Urtasun y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, los encargados de reunirse con la delegación del PSOE.

Los otros dos pilares del documento presentado se refieren a la conciliación y la fiscalidad. En el primer caso, la coalición izquierdista aboga por una prestación universal por crianza de 200 euros hasta los 18 años, la universalización de la educación de 0 a 3 años, ampliar el permiso por nacimiento a las 20 semanas, la implantación “inmediata” del permiso parental de cuidados retribuido, extender las ventajas de las familias numerosas a las familias monomarentales y la ampliación de las prestaciones sanitarias en salud bucodental, así como de un programa específico de ayudas directas para la compra de gafas y lentillas. “Decidir tener una familia no puede ser un privilegio. Tenemos que dar las herramientas para que esto no sea así”, ha apuntado Díaz durante su intervención.

En tributos, Sumar propone, entre otros, la creación de un impuesto de solidaridad a las grandes herencias; un reequilibrio del IVA para incluirlo en la educación y seguros sanitarios privados, así como reducirlo en productos y servicios básicos; hacer permanente y reforzar el impuesto a las energéticas y a la banca; y eliminar los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, incluyendo la obligación de pagar el IBI.

Estas Cuentas son fundamentales para Sumar: representan una oportunidad para desarrollar su “agenda política” después de meses de una legislatura casi en parálisis y con la crisis en su liderazgo tras los malos resultados electorales y el paso a un lado de Díaz como coordinadora del partido. La formación lleva meses diluida en la coalición con el PSOE, sin apenas protagonismo y con poco margen de maniobra al estar el Ejecutivo atado por una mayoría parlamentaria muy compleja, y que depende de la posición voluble de Junts para obtener el visto bueno a sus leyes. Precisamente su postura es la que complica aún más la aprobación de los PGE.

Aunque el Gobierno se ha comprometido a llevar el borrador al Congreso en las próximas semanas para negociar con los grupos, distintas voces del Ejecutivo no ocultan su preocupación y nadie descarta la opción de prorrogar una vez más las Cuentas para el próximo año.