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Durante décadas, el mercado farmacéutico global ha descansado sobre un equilibrio de facto. Estados Unidos absorbía una parte sustancial del coste de la innovación, sostenido por precios más elevados, mientras Europa garantizaba el acceso a medicamentos a través de sistemas públicos, lo que incrementaba el tamaño del mercado a cambio de unos precios más contenidos.
En los últimos meses, la política de Most Favoured Nation (MFN) (Nación más favorecida) impulsada por la Administración estadounidense ha vinculado el precio de los medicamentos en Estados Unidos a los niveles más bajos de otros países desarrollados. Washington ya no está dispuesto a asumir el coste relativo de sostener el acceso global a la innovación. Sin embargo, una gran parte del sobrecoste obedece a una falta de eficiencia interna en EE UU, un mercado donde los proveedores sanitarios no tienen incentivos para buscar la racionalidad económica, que se traduce en precios elevados para la administración sanitaria estadounidense.
El efecto más inmediato no se aprecia tanto en los precios como en el acceso a la innovación: en torno al 55% de la facturación de la industria farmacéutica se concentra en Estados Unidos, frente a apenas un 22% en Europa, según la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia). Este desequilibrio sitúa al mercado estadounidense como el principal sostén económico del sistema y condiciona de forma decisiva las estrategias globales de la industria.
Si el precio fijado en Europa puede acabar influyendo en el de Estados Unidos, las compañías tenderán a proteger ese mercado. La consecuencia es una mayor cautela en los lanzamientos europeos. La innovación deja de desplegarse de forma simultánea y prioriza los mercados de mayor peso. De hecho, según un análisis de GlobalData, los lanzamientos de nuevos medicamentos en la Unión Europea cayeron en torno a un 35% en los diez meses posteriores a la orden ejecutiva de mayo de 2025 de la Administración de Trump, frente a los diez meses anteriores.
Las consecuencias de esta reconfiguración se trasladan, en primer lugar, a los pacientes. Cuando la innovación llega más tarde, o lo hace de forma desigual entre países, el acceso deja de ser homogéneo. El riesgo es claro: retrasos en la disponibilidad de nuevos tratamientos y menor acceso a determinadas terapias. El problema deja así de ser exclusivamente económico para adquirir una dimensión sanitaria y social.
El impacto puede ser especialmente acusado en el ámbito de la biotecnología. Las compañías más innovadoras, muchas de ellas de tamaño medio o pequeño, dependen de entornos estables y previsibles para atraer financiación y sostener sus programas de investigación. En este contexto, la creciente incertidumbre en los mecanismos de precio eleva el riesgo. Y con él, la posibilidad de que determinados medicamentos no lleguen a desarrollarse o se desplacen hacia otros mercados en un momento en el que Europa ya muestra signos claros de pérdida de competitividad.
Ante este nuevo escenario que dibuja la política de MFN, la respuesta europea sigue siendo incipiente y fragmentada. Algunos países como Dinamarca y Suecia han empezado a reaccionar y han activado grupos de trabajo. Alemania ha introducido cambios para permitir mayor confidencialidad en los precios y evitar efectos de referencia internacional, mientras Irlanda ha reforzado sus acuerdos de financiación para garantizar acceso temprano a la innovación. Por su parte, Reino Unido se ha adelantado y ha cerrado un acuerdo con Estados Unidos que contempla un aumento del gasto farmacéutico británico del 25% a cambio de ventajas comerciales.
Desde nuestro país se ha optado por acuerdos confidenciales y modelos de financiación más flexibles que buscan evitar que los precios negociados en el ámbito nacional acaben condicionando los de otros países. España intenta proteger el acceso temprano y preservar el margen de negociación en un entorno cada vez más interdependiente.
Si la Administración estadounidense reduce su contribución, la industria buscará compensarlo en otros mercados. Europa, y países como España, no quedarán al margen de esa dinámica. La disyuntiva es cada vez más clara: o se anticipa ese desplazamiento y se define una posición propia, o serán otros quienes fijen las condiciones.
El papel de las administraciones públicas será determinante en esta nueva etapa. La evolución del entorno internacional apunta a una presión creciente sobre los sistemas europeos para asumir una mayor parte del coste de la innovación. Anticiparse a este escenario exige una respuesta decidida y rápida por parte de los responsables de la política sanitaria y económica de cada país para preservar el acceso a la innovación y garantizar que los pacientes no queden al margen de decisiones que determinarán quién recibirá antes los nuevos tratamientos y quién, simplemente, se quedará esperando.
El desarrollo normativo del recién aprobado real decreto de evaluación de tecnologías sanitarias es una oportunidad para avanzar hacia una evaluación basada en valor y no en impacto presupuestario, máxime si el futuro real decreto de precio y financiación, que se espera en breve, acompaña esa línea. España tiene una oportunidad de reconfigurar su marco normativo y evaluativo para mitigar la tendencia que se está dibujando actualmente y situar a nuestro país en una posición más equilibrada ante la adopción de la innovación en nuestro Sistema Nacional de Salud. No solo nos jugamos la salud de nuestros ciudadanos, también es importante defender el atractivo que tiene nuestro sistema para el desarrollo de ensayos y estudios clínicos y convertir a la industria biosanitaria en un motor del crecimiento económico español.
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