hace 3 años
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La Justicia europea ha dado un duro varapalo a la normativa del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsada por la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, que restringe la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que explotan plataformas como Cabify o Uber. El informe el Abogado General considera que esa norma “viola la libertad de establecimiento” en el marco de la Unión Europea, y señala que tanto el régimen de autorizaciones como la limitación de una licencia de VTC por cada treinta licencias de taxi no está justificada.
Según el Abogado General Szpunar, esa restricción solo puede justificarse en el marco de la normativa europea por razones de interés general, “y la viabilidad económica de los servicios del taxi no puede por sí misma constituir una razón imperiosa de interés general”. “Es cuestionable que el servicio del taxi pueda considerarse como un servicio de interés económico general y dudoso que los operadores de dicho servicio cumplan una obligación de servicio público”, señala el informe.
Aunque las conclusiones del Abogado General no son vinculantes, generalmente las sentencias finales del Tribunal de Justicia de Luxemburgo suelen coincidir con su informe. De ser así, la normativa sobre VTC puede dar un vuelco en toda España, pues prácticamente todas las comunidades autónomas salvo Madrid han aplicado fuertes restricciones a la actividad de esos vehículos desde que el pasado 1 de octubre se cumpliera la moratoria (el llamado decreto Ábalos) que dio el Ministerio de Transportes para que las comunidades legislaran sobre la materia.
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