Una empleada en una fabrica de coches.España es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más ha crecido la presión fiscal en la última década. Entre 2010 y 2021, este indicador —que mide el peso de impuestos y cotizaciones sociales sobre la economía— ha avanzado 7,1 puntos hasta alcanzar el 38,4% del PIB. Se trata del mayor incremento entre los Estados que forman parte del organismo, solo por detrás de Eslovaquia y Corea del Sur. El repunte ha sido notable también entre 2020, marcado por la pandemia, y un 2021 caracterizado por una fuerte recuperación: España fue el sexto país del club donde la ratio de impuestos sobre el PIB más avanzó en el periodo, en casi dos puntos, tres veces por encima que la media de la OCDE.
La tendencia al alza ha sido generalizada. La presión fiscal ha crecido en la mayoría de los países de la OCDE en los últimos diez años —del 31,5% del PIB al 34,1% en promedio—. También ha repuntado en 2021, después del batacazo de la covid, en 0,6 puntos, según el informe Revenue Statistics 2022 que el organismo multilateral publica este miércoles. La mayor caída en la década se ha dado en Irlanda, pero se explica más bien por el efecto denominador provocado por el fuerte incremento del PIB por la recuperación postcovid.
De hecho, un alza de la presión fiscal no se genera necesariamente por una subida de impuestos. Puede deberse a que el PIB crece por debajo de la recaudación. O viceversa, si la economía avanza a un ritmo superior a los ingresos por impuestos y cotizaciones, la presión fiscal se reduce sin necesidad de cambios tributarios.
En España, el aumento más repentino se ha dado entre 2019 y 2021, con una subida de casi cuatro puntos que ha reducido a la mitad la brecha existente con la media de la eurozona y ha colocado al país cuatro puntos por encima de la presión fiscal media de la OCDE. Este incremento no se ha conseguido a través de grandes subidas de impuestos. Los analistas lo achacan más al efecto de la inflación y al afloramiento de la economía sumergida durante la pandemia, cuando era necesario contar con una actividad regular para tener acceso a las ayudas públicas.
La instantánea global, en cambio, se mantiene más o menos constante. Dinamarca continúa registrando registra la presión fiscal más elevada de los países de la OCDE, del 46,9% del PIB en 2021, seguida por Francia (45,1%). Otros cinco países tienen un indicador superior al 40% del PIB: Austria, Bélgica, Finlandia, Italia y Suecia. En el otro extremo se encuentra México, con un 16,7% del PIB, seguido por Colombia (18,8%) y Chile (19,4%).
También se ha mantenido relativamente estable la estructura tributaria, pese a las diferencias notables entre cada país. Las cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta suponen la mitad de los ingresos públicos en la media de la OCDE. El IVA representa otro 20%, el impuesto de sociedades un 9% y los gravámenes sobre la propiedad algo menos del 6%.
Distorsiones en el IVA
La OCDE alerta sobre las distorsiones que pueden crear los tipos reducidos —y las exenciones— aplicados en la imposición indirecta, en particular en el IVA. El organismo subraya que la mayoría de los países del club contemplan tipos reducidos en el impuesto sobre el valor añadido para una “amplia gama de bienes y servicios”, que suelen “perseguir diversos objetivos políticos”. Entre ellos, mejorar la equidad, gravando menos los productos de primera necesidad, como agua, alimentos, servicios de salud o educación. También se han utilizado para estimular el consumo de “bienes de mérito”, como los bienes culturales, promover determinadas actividades, como es el caso del turismo en España, que cuenta con un IVA reducido del 10%, o para abordar externalidades ambientales.
“Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que las exenciones y las tasas de IVA reducidas no son la manera más efectiva de lograr esos objetivos e incluso pueden ser regresivos”, alerta la organización en el informe Consumption Tax Trends 2022, que también publica este miércoles. “Otras medidas, como brindar apoyo específico a través del impuesto sobre la renta y/o las transferencias y beneficios, tienden a ser más efectivos para abordar la equidad y perseguir políticas distinta al aumento de los ingresos fiscales”.
Eso se debe a que los hogares más ricos tienden a beneficiarse más en términos absolutos de los tipos reducidos del IVA que los hogares de bajos ingresos, porque consume más. El organismo señala que este efecto también se produce con los tipos de IVA reducidos utilizados para “estimular el empleo (por ejemplo, en los sectores del turismo o la hostelería), o para apoyar actividades culturales (por ejemplo, teatro) o perseguir otros objetivos no distributivos”.
La OCDE ya había alertado sobre este efecto en un reciente informe sobre las medidas puestas en marchas por muchos países, España incluida, para hacer frente a la actual crisis energética. Recomendó huir de las rebajas fiscales generalizadas y privilegiar las medidas enfocadas en las rentas bajas. El organismo avisó que subvencionar los precios de gas y electricidad sin diferenciar por renta es injusto, porque beneficia más a quienes más consumen, supone una carga para las cuentas públicas y va en contra de la transición verde, porque no desincentiva el consumo energético.
Tendencia desde 1965
Entre 1965 y 2020, la presión fiscal media del área OCDE creció del 24,9% al 33,6%, un aumento de 8,7 puntos. Los ingresos avanzaron de forma casi ininterrumpida antes del primer shock petrolero de 1973. Tras el parón causado por la crisis y el segundo shock del petróleo (1979), los países europeos volvieron a aumentar la presión fiscal en los años ochenta, para financiar un mayor gasto en seguridad social y controlar los déficits presupuestarios.
A mediados de la década de los ochenta, muchos Estados de la OCDE empezaron a reducir los tipos nominales del IRPF y del impuesto sobre sociedades al calor de las políticas liberales, y el impacto negativo en los ingresos a menudo se compensó con la reducción o la abolición de las desgravaciones fiscales. En 1999, la ratio promedio de impuestos sobre el PIB estaba en el 33%, el nivel más alto registrado hasta entonces. Entre 2001 y 2004 retrocedió levemente, pero volvió a crecer antes de la Gran Recesión. Consideradas todas estas fluctuaciones, el nivel impositivo promedio en el área de la OCDE aumentó en 1,4 puntos entre 1995 y 2020. “La tendencia hacia niveles impositivos más altos durante este período refleja la necesidad de financiar un aumento significativo de los gastos del sector público”, señala el organismo.
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