Logo de Enagás.El operador del sistema gasista español, Enagás, obtuvo un beneficio de 403,8 millones de euros en 2021, según ha comunicado la empresa este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La ganancia es un 9% inferior a la obtenida en los 12 meses inmediatamente anteriores, pero también algo más de un 6% superior a lo que tenía fijado como objetivo para el periodo. La deuda neta del grupo se redujo mínimamente (11 millones menos que en 2021) y cerró el ejercicio en 4.277 millones de euros, con un coste financiero dos décimas menor que un año antes. Y la liquidez disponible en tesorería se disparó, al pasar de 864 a 1.444 millones.
La empresa achaca el descenso en el beneficio a la entrada en vigor del nuevo marco retributivo —la mayor parte de su actividad es regulada—, que redujo también los ingresos en una proporción prácticamente idéntica: cerraron 2021 con una caída del 8,6%. Parte de este descenso es también achacable a la finalización del contrato de operación del gasoducto Magreb-Europa el pasado 1 de noviembre, ajeno a Enagás pero que redujo el flujo de combustible en su red peninsular. Sin embargo, la merma fue mucho mayor en el caso de la rama no regulada (que tiene un peso menor, pero donde la facturación se hundió un 65,2%) que en la regulada, que apenas retrocedió un 4,8%.
La demanda de gas natural en España creció un 5,1% interanual en 2021, en buena medida por el estirón del consumo convencional (+6,2%), que dejó atrás el zarpazo de la pandemia. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) controla el 5% del capital de Enagás y mantiene, desde su privatización, en 1997, una acción de oro que impide a cualquier empresa superar ese umbral por tratarse de una actividad estratégica.
La mejor noticia en la cuenta de resultados del operador gasista es la buena evolución de sus participadas, que dejaron atrás el año más crudo de la pandemia y aumentaron su beneficio en algo más del 24%, hasta rozar los 218 millones de euros. En ese apartado quedan enmarcadas, sobre todo, la estadounidense Tallgrass Energy, las plantas de regasificación y compresión TLA y Soto La Marina, así como el gasoducto de Morelos (todos ellos en México), así como diversos negocios en Perú y Chile o el Trans Adriatric Pipeline, un tubo que lleva gas natural a Grecia, Italia y Albania procedente de Azerbaiyán. Los dividendos procedentes de estas empresas alcanzaron los 161 millones en 2021.
El consejo de administración del operador gasista confirmó el lunes a Arturo Gonzalo Aizpiri como nuevo consejero delegado, en sustitución de Marcelino Oreja. Aizpiri, directivo procedente de Repsol y cercano a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asumirá además todos los poderes ejecutivos que hasta ahora estaban en manos del presidente, Antonio Llardén. “Siguiendo las mejores prácticas internacionales de Gobierno Corporativo, ha decidido ceder sus funciones ejecutivas al nuevo consejero delegado”, explicó la empresa a la CNMV. Llardén continuará como presidente no ejecutivo.
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La empresa también ha emprendido una profunda remodelación de su consejo de administración, con el reemplazo de cuatro consejeros nombrados por el Gobierno de Mariano Rajoy —Ignacio Grangel, Antonio Hernández-Mancha, Isabel Tocino y Gonzalo Solana, que terminan mandato en marzo— por dos exdiputados del PSOE —María Teresa Costa y Manuel Gabriel González Ramos— y dos técnicos procedentes de la academia —David Sandalow y Clara García Fernández-Muro—. Ana Palacio, ministra de Exteriores en la segunda legislatura de José María Aznar, permanecerá en su cargo como consejera independiente.

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