El Banco de Inglaterra interviene por tercera vez para frenar el pánico financiero en los fondos de pensiones

El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) se está empleando a fondo para intentar frenar las turbulencias que desató en los mercados el anuncio de rebaja de impuestos del Gobierno de Liz Truss. El pasado 28 de septiembre la institución que preside el australiano Andrew Bailey anunció que frenaba sus intenciones de deshacerse de deuda pública (tiene en su haber más de 900.000 millones de euros en bonos del Tesoro británico), y que se lanzaba a comprar más bonos, a razón de casi 6.000 millones de euros diarios, hasta alcanzar un total de 75.000 millones de euros. La intervención iba a finalizar el próximo viernes, pero la estabilidad conseguida en un principio volvió a quebrar al comenzar esta semana. El lunes, el BoE anunció que incrementaría el ritmo de compras de 6.000 a 12.000 millones de euros diarios. Este martes, en un tercer movimiento destinado a frenar el pánico, se ha comprometido en gastar otros 6.000 millones cada día en comprar bonos indexados a la inflación, los más activos en momentos como los actuales, en los que el IPC se ha disparado.

“Estas medidas adicionales actuarán como un freno añadido, para restablecer unas condiciones ordenadas de mercado, al absorber temporalmente la venta de bonos indexados que exceden la capacidad de intermediación de los mercados”, decía el BoE en un comunicado plagado de su habitual jerga esotérica, que reconocía básicamente que los fondos de pensiones eran incapaces de deshacerse de unos bonos que debían vender desesperadamente para obtener liquidez.

El problema de los fondos de pensiones

A diferencia de otros países, como España, que disponen de un generoso sistema público de pensiones, la mayoría de los británicos lleva décadas contratando planes privados de pensiones, para asegurarse un futuro tranquilo. Los fondos que ofrecen los llamados Defined Benefit Pension Schemes (Planes de Pensiones con Prestación Definida), que aseguran una retribución anual fija acorde con el salario medio de los últimos años, manejan activos por valor de 2,3 billones de euros, casi el doble del PIB de España. Más de la mitad de esos activos son bonos de deuda pública, cuya fiabilidad en el rendimiento permite asegurar el pago de las próximas décadas.

En tiempos de crisis, los ciudadanos comienzan a aprender a la fuerza los complicados nombres de productos financieros de los que, en su día a día, no tenían necesidad de prestarles atención. En este caso, han sido los Liability Driven Investment (LDI, en sus siglas en inglés), o Inversiones basadas en el Cumplimiento de Obligaciones. Es una técnica empleada por muchos fondos de pensiones para equilibrar la diferencia entre sus activos y sus pasivos (el cumplimiento de las obligaciones con los clientes). A través de gestoras de fondos, y con préstamos de bancos de inversión (el dinero era hasta ahora muy barato), compran derivados sobre tipos de interés.

El problema surgió cuando el Gobierno de Truss anunció unos planes fiscales, entre la rebaja de impuestos y las ayudas directas a hogares y empresas, para hacer frente a las facturas de gas y electricidad, que suponían un incremento de casi 200.000 millones de euros de deuda pública. La libra se desplomó, y los bonos a largo plazo vieron cómo se disparaba su rendimiento y bajaba su precio. Comenzó a producirse un fire sale, una venta acelerada, que, en el caso de los fondos de pensiones, se convirtió en un círculo vicioso. Los bancos de inversión que financian los LDI exigían más garantías (margin call) y los fondos, obligados a obtener una rápida liquidez, vendían aceleradamente los bonos que retenían, lo que provocaba a su vez un mayor desplome de los precios.

Carrera desesperada

En una carta enviada la semana pasada la Comisión de Economía de la Cámara de los Comunes, el vicegobernador del BoE, Jon Cunliffe, que está al frente del Comité de Estabilidad Financiera de la Institución, admitió que, de no haber intervenido la autoridad monetaria, los fondos que manejan dinero en nombre de los pensionistas por todo el país “se habrían encontrado con un valor neto negativo de sus activos”, que hubiera provocado “la necesidad de que muchos de ellos hubieran tenido que cerrar a la mañana siguiente”. Porque primero hubiera sido una carrera desesperada por liquidar sus bonos, pero lo siguiente habría sido vender todas las acciones que tienen en las diversas industrias británicas. Y eso sí hubiera sido el desplome temido por el Banco de Inglaterra.

A pesar de que el ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, en un intento por convencer a los mercados de la seriedad del Gobierno con las cuentas, anunció este lunes su compromiso de adelantar al 31 de octubre la presentación de su plan fiscal (hasta ahora seguía prometiendo que lo haría el 23 de noviembre), los inversores siguen siendo muy escépticos sobre la sostenibilidad de la deuda anunciada. El Instituto de Estudios Fiscales, en su último informe, presentado este lunes, señala que el Gobierno necesitará realizar recortes en el gasto público por valor de casi 70.000 millones de euros si pretende controlar en niveles razonables la proporción de la deuda pública respecto al PIB. Con las nefastas perspectivas electorales actuales de los conservadores, la idea de nuevos recortes supondría una rebelión entre sus diputados.

Las principales firmas de pensiones ya han reclamado al BoE que extienda el plazo previsto de compra de bonos más allá del próximo viernes, al menos hasta la presentación del plan fiscal de Kwarteng. “Tiene todo el sentido del mundo que el banco no cierre del todo sus planes de apoyo hasta que se calmen las preocupaciones fiscales de los mercados. No nos sorprendería que extienda su compromiso de comprar bonos más allá del 14 de octubre”, ha señalado Paul Dales, el economista jefe en el Reino Unido de la consultora Capital Economics.