CSIF llevará a los tribunales a Casa 47 para exigir que mantenga el empleo de más de 270 trabajadores del ‘banco malo’

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La próxima disolución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como banco malo, a finales de noviembre de 2027, ha abierto un conflicto laboral por el despido de aproximadamente 274 empleados de la entidad. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentará una demanda en los juzgados de lo social de Madrid para exigir que Casa 47, la empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda que pasará a tener funciones similares a las de la Sareb, subrogue estos contratos.

El sindicato ha decidido llevar este conflicto laboral a los tribunales después de que la mediación celebrada este miércoles en la Fundación Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA) de la Comunidad de Madrid con Casa 47 y Sareb, y a la que también han sido citados representantes de CC OO y UGT, haya concluido sin éxito. Según ha indicado CSIF en un comunicado, los representantes de los entes públicos consideran que las administraciones públicas están exentas de someterse a un proceso de conciliación, si bien fuentes del sindicato señalan que esto es un mero tecnicismo, ya que las denunciadas son empresas con accionariado público.

Ante esta negativa, la organización sindical interpondrá en los próximos días una demanda para defender la continuidad laboral de los cerca de 274 trabajadores de Sareb, con los mismos derechos y condiciones laborales, en el organismo público que continuará su misma actividad. De manera alternativa o complementaria, CSIF pide que se valore como mérito la antigüedad adquirida de estos trabajadores en Sareb en las Ofertas de Empleo Público de Casa 47.

Casa 47, cuyo nombre se inspiró en el artículo 47 de la Constitución Española que recoge el derecho a una vivienda digna, fue creada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el pasado mes de diciembre para encargarse de la gestión del parque público, como heredera del Sepes (Entidad Pública Empresarial de Suelo). Con la desaparición del denominado banco malo ―creado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en noviembre de 2012 para absorber los bienes inmobiliarios tóxicos de las cajas de ahorros y bancos rescatados durante la crisis financiera―, parte de estos activos se traspasarán a esta nueva entidad.

Para CSIF, el nuevo organismo público presidido por Leire Iglesias continuará la labor de Sareb, por lo que, a su juicio, la operación debe entenderse como una “transmisión de unidad productiva”. Por ello considera que Casa 47 debe mantener al personal del banco malo que ya gestiona los activos que se transferirán, porque así está previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y la directiva europea relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad. Sin embargo, debido a que la transmisión se está produciendo de forma paulatina, el ente público entiende que no se está ante este supuesto y niega la obligación de subrogación.

“Resulta lógico y eficiente reconocer esta sucesión de unidad productiva y subrogar a los trabajadores que ya conocen estos inmuebles y su gestión”, señala el sindicato en su comunicado. “No tiene sentido que los contribuyentes tengan que pagar indemnizaciones a los trabajadores de Sareb y abocarlos al desempleo, mientras Casa 47 contrata a nuevo personal para realizar exactamente las mismas funciones”, añade. En este sentido, fuentes sindicales apuntan que de este procedimiento puede derivar una segunda demanda judicial para discutir la legalidad de los despidos.

Casa 47 contará con una cartera de viviendas destinada al alquiler compuesta, en principio, por 40.000 viviendas y más de 2.400 metros cuadrados en los que se ha proyectado la construcción de otras 55.000 casas. Todo este catálogo será traspasado desde Sepes, que hereda desde Sareb. Pero en los planes también está previsto que Vivienda ponga a su disposición una partida de 100 millones de euros para seguir incrementando el parque público.

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